El espíritu de la propuesta

La inseguridad es una manifestación de la violencia que históricamente ha afectado a la sociedad mendocina.

La violencia tiene causas y hay que trabajar sobre esas causas para prevenirla como una política social que cruce todas las áreas del Estado.

La causas de la violencia tiene que ver con problemas estructurales de acceso a las oportunidades, con el fallo de las instituciones a la hora de garantizar el acceso a esas oportunidades o restituirlas, y factores directos como el alcohol, las drogas o las armas que potencian las consecuencias de la violencia existente.

Se sabe que toda persona violenta antes sufrió violencia y por eso hay que terminar con la violencia para alcanzar una sociedad segura para todos.

En una sociedad las causas de la violencia son sociales, por lo tanto la responsabilidad por solucionar el problema de la violencia y de la inseguridad es de todos.

La violencia consumada es generadora de más violencia, por lo tanto es muy importante atender a las víctimas de la violencia, darles justicia y restituirles la confianza en las instituciones democráticas.

La democracia se defiende con más democracia.

Los organismos de gestión deben tener los recursos humanos, económicos y legales óptimos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente, garantizando el Estado de derecho pero también los resultados que contribuyen a la paz social.

La seguridad de las personas es una responsabilidad indelegable del Estado que debe tener el monopolio de la fuerza, para evitar así los impulsos violentos de revancha entre hermanos. Pero en la búsqueda de la seguridad el Estado debe garantizar resultados.

La privación de la libertad de algunos ciudadanos debe ser una instancia del Estado para garantizar la seguridad, pero por ser un recurso extremo debe ser medido y garantizar los tratamientos para que al recuperar la libertad esos ciudadanos no caigan nuevamente en conductas violentas.

El Estado debe anticiparse a los problemas que pueden afectar a los ciudadanos para prevenir consecuencias, esta tarea llamada de “inteligencia” es una responsabilidad que el gobierno debe ejercer sin vulnerar los derechos de todos, sino tratando de garantizarlos.

El servicio de Justicia que ofrece el Estado debe ser de fácil acceso a las víctimas y un lugar sencillo y rápido para resolver conflictos evitando así la desconfianza ciudadana, las tentaciones de justicia por mano propia y la fe en la democracia.

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