Foro de iniciativas para una seguridad democrática

Desde hace ya casi dos décadas que nuestro país fluctúa entre la retórica de la mano dura, que ha instalado una forma perversa de pensamiento mágico, y ciertos intentos de estrategias de prevención del delito, algunas de ellas bien intencionadas y correctamente orientadas, pero insuficientes.

Mientras tanto, la población queda atrapada entre la expansión de las industrias del miedo y la falsa opción que promete resultados a costa de las libertades públicas, que necesitamos y queremos proteger, justamente para vivir seguros y sin miedo.

Esto es utilizado por quienes desean transformarnos en una sociedad represiva que solo cuide las propiedades de los más poderosos y profundice la exclusión y la segregación cuando no la eliminación de los más pobres.

Y lo hacen, muchas veces, escudándose detrás de ciertas figuras que, por su carácter de víctimas de graves hechos delictivos y por determinado carisma personal, se han transformado en respetables (aunque equivocados) comunicadores sociales para algunos sectores de la población, en especial aquéllos sectores que todavía esperan soluciones mágicas.

Quienes formamos este Foro creemos que nuestro sistema democrático necesita desarrollar nuevas políticas de seguridad, para evitar una democracia que se vea socavada por la sociedad violenta o se vuelva autoritaria.

Sería nefasto quedar atrapados entre la violencia social y el abuso de poder. Entre el miedo a nuestros conciudadanos y el miedo a los policías. Existen otros caminos.

En primer lugar debemos asumir que es posible lograr un sistema de seguridad eficiente sin afectar las libertades públicas.

Hoy el principal obstáculo no son esas libertades o las garantías que lo protegen sino la burocratización y falta de profesionalismo de muchos policías, la falta de coordinación entre los sistemas de seguridad provinciales y federales, la mora y el atraso de la justicia penal, la falta de capacidad de gestión política del sistema de seguridad, la ausencia de verdaderos sistemas de inteligencia criminal, la descomposición de todo el sistema de administración carcelaria, la ausencia de políticas reales de control de armas, la debilidad de los sistemas de formación profesional, el descontrol del mercado de la seguridad privada, la falta de estrategias de persecución penal, y especialmente la ausencia de planes coordinados de prevención del delito, que atiendan particularmente la grave cuestión de la marginalidad social y la injusta distribución del ingreso, generadas y profundizadas por las políticas neoliberales que desde hace tiempo se vienen aplicando en nuestro país y que tanto impactan en los niveles de violencia. En fin, todo un sistema institucional que debe ser reorganizado desde sus bases porque ha demostrado ineficacia, ineficiencia y altísimos niveles de burocratización.

Además, debe quedar en claro que no es el delito cotidiano de las calles la única manifestación criminal que deba ocuparnos, ya que gravísimos daños causan a la sociedad las acciones del delito de cuello blanco, el delito desde el poder y la delincuencia mafiosa organizada con vínculos espurios incluso con ciertos sectores policiales y políticos y que ha cooptado nuestro Estado como nunca antes en la historia. Y todo ello no se encara – o no se lo encara con la urgencia y energía que reclama la población- por un entramado de desidia, corrupción, miedo, clientelismo, demagogia, ignorancia y por el gran negocio político, económico y cultural que es mantener a la sociedad con miedo e insegura. El miedo destruye la ciudadanía y a ella es a lo que más temen buena parte de nuestra dirigencia política.

No decimos que nada se esté haciendo en este sentido, porque sabemos de los esfuerzos que muchos realizan cotidianamente, pero queremos remarcar lo mucho que falta por hacer y aportar en esta dirección. Este es el rumbo correcto de la profundización de la democracia y nos señala el camino de promover el debate sobre el problema y sus soluciones y no pretender ocultar el sol con una mano o aprovechar que el tema “desaparezca” de los medios de comunicación.

Por estas razones convocamos a quienes quieran desarrollar e impulsar verdaderos y profundos cambios en la política de seguridad de nuestra democracia a que sumen sus esfuerzos en el debate, la propuesta y el control.

Existen muchas acciones posibles. Sin embargo, diez puntos principales son los que nos hemos propuesto impulsar como iniciativa ciudadana. Medidas suficientes, urgentes y de fondo para construir una nueva y eficiente política de seguridad democrática.

1.La puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención del Delito, diseñado desde hace años y todavía sin ejecución enérgica, dándole impulso de tal modo que se coordinen esfuerzos nacionales, provinciales y municipales y no se malgasten recursos en iniciativas aisladas y de pura retórica, especialmente en aquellas estrategias de inclusión social y las que permitan prevenir el uso de drogas por niños y jóvenes, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires.

2.La modernización del sistema de investigación de los delitos. Para ello es imprescindible convertir a la Policía Federal en la nueva Agencia Federal de Investigaciones. El Estado ha demostrado tener nula capacidad para investigar los delitos complejos, la criminalidad económica, la corrupción, el crimen organizado y todas las manifestaciones de criminalidad más grave.

3.La reorganización completa del sistema federal de seguridad. Para ello es indispensable convertir a la Gendarmería nacional y a la Prefectura en las únicas fuerzas de seguridad federal con despliegue territorial, modernizar las formas de coordinación con las policías provinciales y fortalecer los mecanismos institucionales de la Ley de seguridad interior.

4.Reformar la Justicia Federal, apegada hoy a procedimientos y formas organizativas obsoletas y a un diseño de su competencia que malgasta recursos y genera ineficacia.

5.Crear la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mediante la transferencia de recursos hoy ya existentes en la Policía Federal y a partir de allí poner en marcha de modo permanente un Plan de Seguridad de la zona metropolitana de Buenos Aires, entre la Nación, la Ciudad y la Provincia.

6.El desarrollo permanente de un Plan de Desarme de la ciudadanía y el refuerzo de todos los sistemas de control de la tenencia y portación de armas, así como medidas de control e investigación del mercado legal e ilegal de armas. La urgente reglamentación y control del mercado de la seguridad privada.

7.El fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia criminal, la generación de un sistema de información en coordinación con las provincias y a nivel regional. El rediseño de las facultades de la Secretaría de Inteligencia para que cumpla sus verdaderas funciones y no participe sin control en investigaciones judiciales.

8.El establecimiento de un cupo máximo de presos por cada unidad carcelaria, de modo que se pueda garantizar el nivel de vida intramuros que prevé la Constitución, se evite los efectos perniciosos de la sobrepoblación y se pueda reorganizar la administración penitenciaria para cumplir las finalidades de control y resocialización.

9.La reforma de todo el sistema de justicia penal juvenil, reconociendo los derechos constitucionales y garantías judiciales de los niños y jóvenes y generando las condiciones de especialización y cuidado que permite aumentar la eficacia de evitar la reincidencia en quienes recién comienzan su vida.

10.Abandonar la dispersión de la legislación penal, suspender toda reforma espasmódica y parcial y discutir con amplitud y profundidad un nuevo código penal para nuestro país que vuelva reunir todos los delitos y establezca reglas claras y comprensibles para toda la población.

Sin duda existen otros temas, pero estas iniciativas son las que nos permitirán dar un salto cualitativo en la política de seguridad, poner un rumbo definido que permita luego trabajar en el día a día, abandonar el debate insustancial y puramente emotivo, atacar las verdaderas causas de los problemas y dotar a nuestro sistema democrático de instrumentos modernos y eficientes para gestionar la conflictividad instalada en la sociedad sin caer en el abuso de poder que es una forma más grave y perniciosa de la violencia.


David Baigún ( UBA–INECIP)
Alberto Binder (INECIP-ILSED)
Mercedes Depino (ILSED)
Emilio García Méndez (Dip. Nac. /Fundación Sur)
Darío Kosovsky (INECIP-ILSED)
Claudio Lozano (Dip. Nac/ CTA / Centro de Estudios y Participación Comunal),
Juan Pegoraro (P.E.C.O.S- IGG/UBA)
Jorge Rivas (Partido Socialista)
Margarita Stolbizer (UCR)
Claudio Suarez (Ex Subsecretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires- ILSED-CEDEPI)
Mabel Thwaites Rey (UBA)