Hace dos años lanzamos un conjunto de propuestas de seguridad ciudadana elaboradas y puestas a consideración desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el temas. El objeto es aportar a un consenso mínimo para una política de seguirdad que escapara al populismo penal y contemplara las causas sociales de la violencia. Muchas de estas ideas fueron tomadas con más o menos éxito. Adhesiones y comentarios escribiendo a: agendasocialdeseguridad@gmail.com
Comentarios sobre algunas acciones tomadas coincidentes con las propuestas de la Agenda Social de Seguridad presentada en 2007. Estas deberían ser las bases para reformular una nueva agenda con compromiso por la incidencia. Comentarios a: Agenda Social de Seguridad
Compromiso 1: Alcanzar un acuerdo de todos los actores políticos sobre los lineamientos de seguridad y reforma de la Justicia Penal sostenible en el tiempo y que incluya el rediseño del Ministerio Público en función de dar respuestas rápidas a los pequeños conflictos y causas menores.
Compromiso 3: Crear un Gabinete Social de Seguridad, integrado por los Ministros de Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Salud, Gobierno y Economía que se ocupe de todos los factores que desencadenan violencia y delito. Este gabinete contendrá una comisión encargada de coordinar las estrategias preventivas de las distintas agencias, y el Observatorio Provincial de la Violencia y el Delito, responsable de monitorear e informar periódicamente sobre la situación de la violencia en Mendoza.
Compromiso 6: Diseño de una estrategia legal y de sensibilización comunitaria para el control de la venta de teléfonos celulares, desarmaderos y compraventa de usados para evitar que crezca un mercado de robados, como acción de prevención de delitos.
Compromiso 9: Alcanzar un acuerdo de buena voluntad de medios de comunicación, gobierno y actores sociales para reducir la difusión de mensajes violentos que enseñan a nuestros hijos como única alternativa de vida.
Compromiso 10: Dignificar la tarea policial especializando su formación, controlando su desempeño para evitar el encubrimiento de malas prácticas. Crear la Defensoría del Policía dentro del Ministerio de Seguridad, para la defensa de los derechos de los funcionarios ante casos de abusos o que alteren su capacidad de prestación de servicios. Reforzar la eficiencia del trabajo de la Inspección General de Seguridad o bien adaptar un modelo superador equivalente al Ombusman de la Seguridad que audite el desempeño policial de acuerdo a normas que regulen claramente el trabajo policial.
Compromiso 12: Sanción de la Ley de Cupo Penitenciario, que fije el número máximo de internos por cada establecimiento privativo de la libertad en Mendoza y autorice a los directores a rechazar el alojamiento de nuevos detenidos si el cupo está completo.
Compromiso 1: Alcanzar un acuerdo de todos los actores políticos sobre los lineamientos de seguridad y reforma de la Justicia Penal sostenible en el tiempo y que incluya el rediseño del Ministerio Público en función de dar respuestas rápidas a los pequeños conflictos y causas menores.
Esta pendiente.
Compromiso 2: Diseñar y aprobar por Ley y asignar presupuesto a una Comisión Provincial de Prevención de la Violencia y el Delito.
Compromiso 2: Diseñar y aprobar por Ley y asignar presupuesto a una Comisión Provincial de Prevención de la Violencia y el Delito.
Mendoza no tiene una Comisión Provincial de Prevención de la Violencia y el Delito.
Compromiso 3: Crear un Gabinete Social de Seguridad, integrado por los Ministros de Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Salud, Gobierno y Economía que se ocupe de todos los factores que desencadenan violencia y delito. Este gabinete contendrá una comisión encargada de coordinar las estrategias preventivas de las distintas agencias, y el Observatorio Provincial de la Violencia y el Delito, responsable de monitorear e informar periódicamente sobre la situación de la violencia en Mendoza.
Sin embargo existe una coordinación entre distintas subsecretarías para articular acciones. ES NECESARIA LA INSTITUCIONALIZACION.
Compromiso 4: Rediseñar el sistema de participación comunitaria (revisando la ley 6721 del Sistema de Seguridad Pública) para garantizar la participación en la evaluación de los problemas de violencia, diseño y evaluación (con asistencia de organismos externos especializados) del abordaje policial en comisarías, jefaturas departamentales y jefaturas distritales de la Policía de Mendoza.
Compromiso 4: Rediseñar el sistema de participación comunitaria (revisando la ley 6721 del Sistema de Seguridad Pública) para garantizar la participación en la evaluación de los problemas de violencia, diseño y evaluación (con asistencia de organismos externos especializados) del abordaje policial en comisarías, jefaturas departamentales y jefaturas distritales de la Policía de Mendoza.
El rol de la comunidad debe iniciar una etapa de formulación y evaluación de las políticas públicas, de acuerdo al espíritu de la ley 6721.
Compromiso 5: Creación en los Municipios de las Direcciones de Prevención de la Violencia y el Delito, que coordinen a los Consejos Departamentales de Seguridad y las iniciativas gubernamentales, de la sociedad civil o mixtas que busquen reducir la violencia.
Compromiso 5: Creación en los Municipios de las Direcciones de Prevención de la Violencia y el Delito, que coordinen a los Consejos Departamentales de Seguridad y las iniciativas gubernamentales, de la sociedad civil o mixtas que busquen reducir la violencia.
Se ha fortalecido el rol de los municipios, a partir de los fondos entregados por la ley de emergencia en seguridad. Sin embargo, la planificación y la asignación de los fondos, en muchos de los casos, está lejos de cualquier definición de prevención del delito.
Compromiso 6: Diseño de una estrategia legal y de sensibilización comunitaria para el control de la venta de teléfonos celulares, desarmaderos y compraventa de usados para evitar que crezca un mercado de robados, como acción de prevención de delitos.
Se implementó la campaña no compre robado. Discontinuada.
Compromiso 7: Aprobar proyecto de adhesión e implementar la Programa Nacional de Control de Armas del Ministerio del Interior para impedir el fácil acceso a armas ilegales.
Compromiso 7: Aprobar proyecto de adhesión e implementar la Programa Nacional de Control de Armas del Ministerio del Interior para impedir el fácil acceso a armas ilegales.
Se implementó el Plan Nacional de Control de Armas. La iniciativa debe repetirse con más inversión en difusión.
Compromiso 8: Crear un Fondo Social para financiar experiencias de prevención de la violencia y el delito en comunidades vulnerables con el objeto posterior de replicar las buenas prácticas.
Compromiso 8: Crear un Fondo Social para financiar experiencias de prevención de la violencia y el delito en comunidades vulnerables con el objeto posterior de replicar las buenas prácticas.
Este punto podría corresponderse con los fondos destinados a municipios. Sin embargo está ausente el criterio de valoración, la focalización y la réplica.
Compromiso 9: Alcanzar un acuerdo de buena voluntad de medios de comunicación, gobierno y actores sociales para reducir la difusión de mensajes violentos que enseñan a nuestros hijos como única alternativa de vida.
Los medios de comunicación participaron en el Acuerdo por la Seguridad. Los contenidos no cambiaron. Es oportuna una discusión sobre la responsabilidad en la comercialización de la violencia.
Compromiso 10: Dignificar la tarea policial especializando su formación, controlando su desempeño para evitar el encubrimiento de malas prácticas. Crear la Defensoría del Policía dentro del Ministerio de Seguridad, para la defensa de los derechos de los funcionarios ante casos de abusos o que alteren su capacidad de prestación de servicios. Reforzar la eficiencia del trabajo de la Inspección General de Seguridad o bien adaptar un modelo superador equivalente al Ombusman de la Seguridad que audite el desempeño policial de acuerdo a normas que regulen claramente el trabajo policial.
La Defensoría del Policía espera su implementación.
Compromiso 11: Creación del Premio al Policía Ciudadano, otorgado por el Ministerio de Seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, y que recompense la innovación en la tarea policial, la aplicación de métodos científicos, y los trabajos con la comunidad como estrategia preventiva de la violencia.
Compromiso 11: Creación del Premio al Policía Ciudadano, otorgado por el Ministerio de Seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, y que recompense la innovación en la tarea policial, la aplicación de métodos científicos, y los trabajos con la comunidad como estrategia preventiva de la violencia.
Pendiente
Compromiso 12: Sanción de la Ley de Cupo Penitenciario, que fije el número máximo de internos por cada establecimiento privativo de la libertad en Mendoza y autorice a los directores a rechazar el alojamiento de nuevos detenidos si el cupo está completo.
Pendiente
Compromiso 13: Sanción de la Ley de Inteligencia Provincial que ordene las prácticas que se desarrollan, regule y coordine un sistema de inteligencia en la provincia de Mendoza dentro del Estado de Derecho y orientado a prever todos los factores que pueden afectar la seguridad de las personas, ya sea económicos, sociales, de violencia, económicos o de salud. Distinguir claramente con el modelo de espionaje interno que hay que desterrar.
Compromiso 13: Sanción de la Ley de Inteligencia Provincial que ordene las prácticas que se desarrollan, regule y coordine un sistema de inteligencia en la provincia de Mendoza dentro del Estado de Derecho y orientado a prever todos los factores que pueden afectar la seguridad de las personas, ya sea económicos, sociales, de violencia, económicos o de salud. Distinguir claramente con el modelo de espionaje interno que hay que desterrar.
Pendiente
Compromiso 14: Alentar la Reforma del Estado en las áreas de seguridad para que los cargos especializados de direcciones se concursen por oposición de antecedentes de modo de garantizar la continuidad de las políticas acordadas.
Compromiso 14: Alentar la Reforma del Estado en las áreas de seguridad para que los cargos especializados de direcciones se concursen por oposición de antecedentes de modo de garantizar la continuidad de las políticas acordadas.
Se propuso algo similar al crear un sistema de estadísticas criminales. Espera aprobación.
Compromiso 15: Crear un espacio de coordinación de las políticas de seguridad de los municipios del área metropolitana, de modo de lograr un abordaje integrado en todas las comunas.
Compromiso 15: Crear un espacio de coordinación de las políticas de seguridad de los municipios del área metropolitana, de modo de lograr un abordaje integrado en todas las comunas.
Pendiente
¿Qué es la Agenda Social de Seguridad?
Un conjunto de propuestas elaboradas desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en temas de seguridad pública, diseñadas con el objeto de reducir los niveles de violencia en Mendoza y aportar a una percepción de mayor seguridad entre los ciudadanos.
¿Cuál es el objetivo?
Aportar temas y prioridades en forma de propuestas de gestión, a partir de la visión de organizaciones de la sociedad civil, que aporten en el corto, mediano y largo plazo a mejorar las condiciones objetivas de seguridad.
¿A quién está dirigida?
Está dirigida a todas las instituciones y personas con facultades y capacidades para legislar o gestionar en las esferas vinculadas a la seguridad pública. Será presentada así ante funcionarios del gobierno, del poder Judicial, Legisladores, candidatos a puestos electivos y otras organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos un compromiso de ejecución.
¿Cómo ha sido construida?
A partir de diagnósticos de las organizaciones que los componen y trabajos de referencia elaborados por la Escuela Latinoamericana de Seguridad y Democracia, la Universidad Nacional de Cuyo, y experiencias conocidas de distintas partes de la Argentina y del mundo.
¿Cómo entendemos la seguridad?
La seguridad es una política pública que debe ser elaborada a través de un diagnóstico científico de la problemática que permita definir objetivos, analizado y convertido en iniciativas por todos los actores sociales y políticos interesados, ejecutada en conjunto con la sociedad ya sea en un rol de gestor asociado o controlador, debe rendirse cuenta a la misma sociedad. Comprendemos que los funcionarios políticos, policiales, del poder judicial y penitenciarios son servidores públicos que deben explicar sus acciones y manejarse siempre dentro del Estado de derecho y poniendo énfasis en gestionar mejor las facultades otorgadas antes que vulnerar derechos. Entendemos que el Estado debe ser garante de la seguridad de todas las personas para alcanzar como sociedad un desarrollo humano.
¿Cuál es el objetivo?
Aportar temas y prioridades en forma de propuestas de gestión, a partir de la visión de organizaciones de la sociedad civil, que aporten en el corto, mediano y largo plazo a mejorar las condiciones objetivas de seguridad.
¿A quién está dirigida?
Está dirigida a todas las instituciones y personas con facultades y capacidades para legislar o gestionar en las esferas vinculadas a la seguridad pública. Será presentada así ante funcionarios del gobierno, del poder Judicial, Legisladores, candidatos a puestos electivos y otras organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos un compromiso de ejecución.
¿Cómo ha sido construida?
A partir de diagnósticos de las organizaciones que los componen y trabajos de referencia elaborados por la Escuela Latinoamericana de Seguridad y Democracia, la Universidad Nacional de Cuyo, y experiencias conocidas de distintas partes de la Argentina y del mundo.
¿Cómo entendemos la seguridad?
La seguridad es una política pública que debe ser elaborada a través de un diagnóstico científico de la problemática que permita definir objetivos, analizado y convertido en iniciativas por todos los actores sociales y políticos interesados, ejecutada en conjunto con la sociedad ya sea en un rol de gestor asociado o controlador, debe rendirse cuenta a la misma sociedad. Comprendemos que los funcionarios políticos, policiales, del poder judicial y penitenciarios son servidores públicos que deben explicar sus acciones y manejarse siempre dentro del Estado de derecho y poniendo énfasis en gestionar mejor las facultades otorgadas antes que vulnerar derechos. Entendemos que el Estado debe ser garante de la seguridad de todas las personas para alcanzar como sociedad un desarrollo humano.
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