Diez puntos de Acuerdo por la Seguridad Democrática

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad. Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
  1. El Estado frente al problema del delito En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso. 
  2. El engaño de la mano dura Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática. La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura. Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados. Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos. 
  3. Responsabilidad del Estado El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda. Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador. 
  4. Una concepción integral de la seguridad La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad. Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado. 
  5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad. Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática. Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
  6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad. La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas. Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas. Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria. 
  7. Gestión policial no violenta en el ámbito público La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios. 
  8. El papel de la Justicia El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional. 
  9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención. Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver. 
  10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad. 
Firmas que aportan al consenso 
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.

Sobre este espacio

Hace tres años lanzamos un conjunto de propuestas de seguridad ciudadana elaboradas y puestas a consideración desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el temas. El objeto es aportar a un consenso mínimo para una política de seguirdad que escapara al populismo penal y contemplara las causas sociales de la violencia. Muchas de estas ideas fueron tomadas con más o menos éxito. Adhesiones y comentarios escribiendo a: agendasocialdeseguridad@gmail.com

La primera agenda social por la seguridad y sus compromisos

Comentarios sobre algunas acciones tomadas coincidentes con las propuestas de la Agenda Social de Seguridad presentada en 2007. Estas deberían ser las bases para reformular una nueva agenda con compromiso por la incidencia. Comentarios a: Agenda Social de Seguridad


Compromiso 1: Alcanzar un acuerdo de todos los actores políticos sobre los lineamientos de seguridad y reforma de la Justicia Penal sostenible en el tiempo y que incluya el rediseño del Ministerio Público en función de dar respuestas rápidas a los pequeños conflictos y causas menores.

Esta pendiente.

Compromiso 2:
Diseñar y aprobar por Ley y asignar presupuesto a una Comisión Provincial de Prevención de la Violencia y el Delito.

Mendoza no tiene una Comisión Provincial de Prevención de la Violencia y el Delito. 

Compromiso 3: Crear un Gabinete Social de Seguridad, integrado por los Ministros de Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Salud, Gobierno y Economía que se ocupe de todos los factores que desencadenan violencia y delito. Este gabinete contendrá una comisión encargada de coordinar las estrategias preventivas de las distintas agencias, y el Observatorio Provincial de la Violencia y el Delito, responsable de monitorear e informar periódicamente sobre la situación de la violencia en Mendoza.

Sin embargo existe una coordinación entre distintas subsecretarías para articular acciones. ES NECESARIA LA INSTITUCIONALIZACION.

Compromiso 4:
Rediseñar el sistema de participación comunitaria (revisando la ley 6721 del Sistema de Seguridad Pública) para garantizar la participación en la evaluación de los problemas de violencia, diseño y evaluación (con asistencia de organismos externos especializados) del abordaje policial en comisarías, jefaturas departamentales y jefaturas distritales de la Policía de Mendoza.

El rol de la comunidad debe iniciar una etapa de formulación y evaluación de las políticas públicas, de acuerdo al espíritu de la ley 6721.

Compromiso 5: Creación en los Municipios de las Direcciones de Prevención de la Violencia y el Delito, que coordinen a los Consejos Departamentales de Seguridad y las iniciativas gubernamentales, de la sociedad civil o mixtas que busquen reducir la violencia.

Se ha fortalecido el rol de los municipios, a partir de los fondos entregados por la ley de emergencia en seguridad. Sin embargo, la planificación y la asignación de los fondos, en muchos de los casos, está lejos de cualquier definición de prevención del delito.

Compromiso 6: Diseño de una estrategia legal y de sensibilización comunitaria para el control de la venta de teléfonos celulares, desarmaderos y compraventa de usados para evitar que crezca un mercado de robados, como acción de prevención de delitos.

Se implementó la campaña no compre robado. Discontinuada.

Compromiso 7: Aprobar proyecto de adhesión e implementar la Programa Nacional de Control de Armas del Ministerio del Interior para impedir el fácil acceso a armas ilegales.

Se implementó el Plan Nacional de Control de Armas. La iniciativa debe repetirse con más inversión en difusión.

Compromiso 8: Crear un Fondo Social para financiar experiencias de prevención de la violencia y el delito en comunidades vulnerables con el objeto posterior de replicar las buenas prácticas.

Este punto podría corresponderse con los fondos destinados a municipios. Sin embargo está ausente el criterio de valoración, la focalización y la réplica. 

Compromiso 9: Alcanzar un acuerdo de buena voluntad de medios de comunicación, gobierno y actores sociales para reducir la difusión de mensajes violentos que enseñan a nuestros hijos como única alternativa de vida.

Los medios de comunicación participaron en el Acuerdo por la Seguridad. Los contenidos no cambiaron. Es oportuna una discusión sobre la responsabilidad en la comercialización de la violencia.

Compromiso 10: Dignificar la tarea policial especializando su formación, controlando su desempeño para evitar el encubrimiento de malas prácticas. Crear la Defensoría del Policía dentro del Ministerio de Seguridad, para la defensa de los derechos de los funcionarios ante casos de abusos o que alteren su capacidad de prestación de servicios. Reforzar la eficiencia del trabajo de la Inspección General de Seguridad o bien adaptar un modelo superador equivalente al Ombusman de la Seguridad que audite el desempeño policial de acuerdo a normas que regulen claramente el trabajo policial.

La Defensoría del Policía espera su implementación.

Compromiso 11: Creación del Premio al Policía Ciudadano, otorgado por el Ministerio de Seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, y que recompense la innovación en la tarea policial, la aplicación de métodos científicos, y los trabajos con la comunidad como estrategia preventiva de la violencia.

Pendiente

Compromiso 12:
Sanción de la Ley de Cupo Penitenciario, que fije el número máximo de internos por cada establecimiento privativo de la libertad en Mendoza y autorice a los directores a rechazar el alojamiento de nuevos detenidos si el cupo está completo.

Pendiente

Compromiso 13: Sanción de la Ley de Inteligencia Provincial que ordene las prácticas que se desarrollan, regule y coordine un sistema de inteligencia en la provincia de Mendoza dentro del Estado de Derecho y orientado a prever todos los factores que pueden afectar la seguridad de las personas, ya sea económicos, sociales, de violencia, económicos o de salud. Distinguir claramente con el modelo de espionaje interno que hay que desterrar.

Pendiente

Compromiso 14: Alentar la Reforma del Estado en las áreas de seguridad para que los cargos especializados de direcciones se concursen por oposición de antecedentes de modo de garantizar la continuidad de las políticas acordadas.

Se propuso algo similar al crear un sistema de estadísticas criminales. Espera aprobación.

Compromiso 15: Crear un espacio de coordinación de las políticas de seguridad de los municipios del área metropolitana, de modo de lograr un abordaje integrado en todas las comunas.

Pendiente